México entre la administración de la crisis y el retorno del conflicto social
La coyuntura abierta por las movilizaciones de la CNTE, las madres buscadoras, los familiares de los 43 normalistas, sectores estudiantiles y diversos grupos campesinos no puede comprenderse como una simple suma de demandas sectoriales. Tampoco puede reducirse a una disputa entre gobierno y oposición. Lo que aparece detrás de estos conflictos es una crisis estructural de reproducción social que se ha venido acumulando durante más de cuatro décadas de reestructuración capitalista y que hoy comienza a expresarse de formas cada vez más visibles.
Desde la década de 1980, México transitó hacia un modelo de acumulación basado en la apertura comercial, la financiarización, la precarización laboral, la contención salarial y la subordinación de amplias capas de la población a formas cada vez más inestables de empleo y supervivencia. El llamado neoliberalismo no fue simplemente una política económica; fue una transformación profunda de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. La crisis actual no nace con la Cuarta Transformación ni termina con ella. La 4T heredó contradicciones históricas que ningún gobierno puede resolver dentro de los límites de la valorización capitalista.
Sin embargo, reconocer esta continuidad no significa afirmar que todos los gobiernos sean idénticos. La idea de que “todo es lo mismo” suele ocultar más de lo que explica. Existen diferencias importantes entre un gobierno dispuesto a expandir ciertos programas sociales, aumentar salarios mínimos o sostener determinados mecanismos redistributivos y proyectos abiertamente orientados a profundizar la austeridad, la privatización o la destrucción de derechos laborales. El problema es que esas diferencias operan dentro de límites estructurales que ningún gobierno nacional puede superar por sí mismo.
La cuestión de las pensiones constituye probablemente el ejemplo más claro. La demanda central de la CNTE gira alrededor de la derogación de la reforma del ISSSTE de 2007 y el retorno a un sistema solidario de reparto. Sin embargo, el conflicto revela una contradicción mucho más profunda: los sistemas contemporáneos de capitalización individual se han convertido en pilares fundamentales de los mercados financieros. Los recursos administrados por las Afores forman parte de los mecanismos de financiamiento de la deuda pública y privada. Por ello, la discusión sobre pensiones no es simplemente técnica o presupuestal; toca directamente una de las bases de la acumulación financiera contemporánea. El propio debate público ha reconocido que el retorno al antiguo esquema implicaría presiones fiscales enormes para el Estado mexicano. El gasto en pensiones superó los 559 mil millones de pesos solamente durante el primer trimestre de 2026, mientras diversos especialistas sostienen que el sistema vigente tampoco garantiza jubilaciones suficientes para una gran parte de los trabajadores.
Desde una perspectiva de crítica de la economía política, el problema no consiste únicamente en decidir entre un sistema de reparto o uno de capitalización. El problema radica en que ambos mecanismos dependen finalmente de una masa suficiente de trabajo social capaz de sostener la reproducción ampliada del capital. Cuando el crecimiento económico se desacelera, la productividad se estanca y la composición demográfica envejece, aparecen tensiones que ninguna ingeniería financiera puede resolver completamente.
La paradoja de la precariedad
Un aspecto que suele generar confusión es la coexistencia de indicadores aparentemente positivos con un creciente malestar social.
Por un lado, diversos indicadores muestran mejoras respecto a los peores años de la crisis pandémica. La pobreza laboral ha disminuido y los aumentos al salario mínimo han tenido efectos reales sobre los ingresos de sectores formales. Entre 2024 y 2026 la pobreza laboral continuó reduciéndose y alcanzó los niveles más bajos desde que existen registros comparables.
Pero simultáneamente la precariedad estructural permanece.
Los jóvenes constituyen uno de los sectores donde esta contradicción resulta más evidente. Datos recientes muestran tasas de informalidad cercanas al 64% entre trabajadores jóvenes remunerados. Millones de jóvenes continúan insertándose en empleos sin estabilidad, sin seguridad social efectiva y con bajos salarios. Más de 3.3 millones trabajan en condiciones de informalidad, incluso dentro de empresas formalmente establecidas, y otros orillados a economías criminales.
Esto significa que el problema no es únicamente el desempleo. El problema es la creciente incapacidad del trabajo asalariado para garantizar trayectorias estables de vida. La precariedad deja de ser una condición transitoria para convertirse en una situación permanente.
Desde esta perspectiva, las protestas actuales expresan algo más profundo que demandas corporativas. Expresan la crisis de las formas tradicionales mediante las cuales el capitalismo integró a amplios sectores de la población durante gran parte del siglo XX.
La cuestión de los desaparecidos
La misma lógica puede observarse en la crisis de desapariciones.
México registra oficialmente más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas. Diversas fuentes sitúan la cifra incluso por encima de las 133 mil personas.
La magnitud del fenómeno excede cualquier explicación centrada exclusivamente en la delincuencia organizada o en errores administrativos. Las desapariciones constituyen uno de los síntomas más extremos de la descomposición social contemporánea.
Por ello resulta difícil sostener que la actual administración, como tampoco las anteriores, pueda resolver plenamente esta problemática dentro de los marcos institucionales existentes. No se trata simplemente de una cuestión policial o judicial. Las desapariciones están vinculadas a economías ilegales, procesos de militarización, redes de corrupción, mercados transnacionales y formas de violencia asociadas a la reproducción misma del capital en determinadas regiones.
En este contexto, movimientos como las madres buscadoras han adquirido una relevancia histórica precisamente porque evidencian una incapacidad estructural del Estado para garantizar funciones básicas de protección y justicia.
El Mundial y los límites de la protesta
Las movilizaciones previstas en torno a la inauguración del Mundial de 2026 han sido interpretadas por diversos actores como una oportunidad para visibilizar conflictos sociales largamente ignorados.
Sin embargo, existe el riesgo de sobreestimar su alcance.
Aunque la CNTE posee una importante capacidad de movilización y aunque puedan sumarse sectores estudiantiles, campesinos y colectivos de familiares de desaparecidos, ello no significa automáticamente la emergencia de un movimiento proletario generalizado.
Las protestas recientes han generado afectaciones importantes en la Ciudad de México y han coincidido con preocupaciones gubernamentales y empresariales sobre el impacto económico de bloqueos y movilizaciones en vísperas del Mundial.
Sin embargo, sería un error interpretar estas acciones como el inicio inmediato de una recomposición general de la lucha de clases. Más bien parecen expresar una fragmentación de conflictos heterogéneos que todavía no encuentran un horizonte común.
Lo que emerge es una constelación de malestares: crisis de pensiones, precarización juvenil, desapariciones, encarecimiento de la vivienda, gentrificación, deterioro de servicios públicos y agotamiento de los mecanismos tradicionales de representación política.
La oportunidad de las derechas
Precisamente porque estas contradicciones permanecen abiertas, las derechas contemporáneas encuentran espacios de crecimiento.
La nueva derecha no avanza únicamente mediante discursos conservadores tradicionales. Su fuerza proviene de su capacidad para capturar frustraciones reales generadas por la crisis social. Allí donde las instituciones aparecen incapaces de resolver problemas concretos, las derechas ofrecen explicaciones simples y enemigos identificables.
La experiencia reciente de Argentina, Francia, Italia, Estados Unidos o Alemania muestra que el desgaste de gobiernos progresistas no conduce necesariamente a procesos de radicalización emancipadora. Con frecuencia abre espacios para proyectos autoritarios que prometen orden frente a la incertidumbre.
Por ello, la cuestión fundamental no consiste en apoyar o rechazar mecánicamente al gobierno. Tampoco en repetir consignas sobre la autoorganización como si ésta fuese una solución automática.
La pregunta decisiva es si las luchas actuales pueden producir formas de articulación capaces de superar simultáneamente los límites del progresismo gubernamental y las falsas soluciones ofrecidas por las derechas.
Más allá de la autoorganización
Existe una paradoja poco discutida.
Durante décadas, amplios sectores de la izquierda asumieron que la autoorganización constituía por sí misma el horizonte político suficiente. Sin embargo, la experiencia histórica reciente muestra que la autoorganización puede coexistir con la fragmentación, el localismo y la incapacidad para transformar las condiciones generales de reproducción social.
La cuestión central no es únicamente organizarse, sino comprender las determinaciones estructurales que producen estas crisis.
Las movilizaciones actuales son importantes porque expresan una reapertura parcial del conflicto social después de años de relativa pasividad. Pero su importancia no radica necesariamente en sus demandas inmediatas ni en sus formas organizativas presentes.
Su importancia radica en que revelan los límites históricos de un modelo de acumulación que, aun cuando produce mejoras parciales en ciertos indicadores, continúa generando precariedad masiva, violencia estructural, crisis de reproducción social y una creciente incapacidad para ofrecer perspectivas estables a millones de personas.
En ese sentido, la verdadera cuestión no es si la lucha de clases existe o no existe. La cuestión es bajo qué formas volverá a aparecer en una época marcada por la financiarización, la fragmentación del trabajo, la crisis de las mediaciones políticas tradicionales y el avance simultáneo de nuevas derechas y nuevos movimientos de protesta. Esa es la contradicción que atraviesa actualmente a México y que probablemente definirá la próxima década.
II. La administración de la crisis: entre la contención progresista y la imposibilidad estructural
Uno de los errores más frecuentes en el análisis político contemporáneo consiste en establecer equivalencias mecánicas entre gobiernos que, aunque comparten el mismo marco general de reproducción capitalista, gestionan de manera distinta las contradicciones sociales. La crítica radical no debería partir de la afirmación simplista de que “todo es igual”, sino de la comprensión de las diferencias concretas mediante las cuales distintos gobiernos intentan administrar problemas que no pueden resolver.
En este sentido, la comparación entre los gobiernos de Enrique Peña Nieto y los encabezados por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum resulta particularmente reveladora.
Durante el sexenio de Peña Nieto predominó una estrategia orientada hacia la disciplina abierta de la fuerza de trabajo y los movimientos sociales. Las reformas estructurales, la reforma educativa, las modificaciones energéticas y las políticas de austeridad respondían a una lógica relativamente clásica de reorganización neoliberal. El conflicto con el magisterio fue enfrentado mediante mecanismos represivos, persecución política, encarcelamientos selectivos, campañas mediáticas de desprestigio y operaciones policiales directas. Nochixtlán permanece como uno de los ejemplos más evidentes de esta lógica.
La actual administración opera de manera distinta. En lugar de una confrontación frontal permanente, ha privilegiado mecanismos de negociación, integración institucional, expansión de programas sociales, aumento gradual de salarios mínimos, incorporación de liderazgos sociales a estructuras gubernamentales y construcción de amplias coaliciones electorales. La diferencia es real y no debería minimizarse. Mientras el neoliberalismo clásico buscaba disciplinar mediante el castigo, el progresismo contemporáneo intenta gobernar mediante la integración.
Sin embargo, ambas estrategias encuentran un mismo límite fundamental: ninguna puede eliminar las contradicciones estructurales que producen el conflicto social.
La administración actual puede amortiguar temporalmente algunos efectos de la crisis mediante transferencias monetarias, subsidios, becas o incrementos salariales. Puede incluso mejorar indicadores específicos de pobreza o consumo. Pero no puede modificar las condiciones generales de valorización que producen precarización, violencia, informalidad, endeudamiento, crisis habitacional y deterioro de la reproducción social. Lo que cambia es la forma de gestión de la crisis, no la lógica que la produce.
Por ello la actual conflictividad social presenta una característica singular: emerge precisamente durante un periodo en el que ciertos indicadores sociales mejoran. Esto revela que la raíz del problema no se encuentra únicamente en los niveles absolutos de pobreza, sino en contradicciones más profundas asociadas a la forma misma en que la sociedad organiza la producción y distribución de la riqueza.
La integración digital del descontento
Un fenómeno particularmente interesante de la coyuntura actual es el papel desempeñado por las redes sociales y las nuevas figuras mediáticas asociadas al progresismo.
Durante décadas, los aparatos ideológicos tradicionales —televisoras, periódicos nacionales, organizaciones corporativas— desempeñaron un papel fundamental en la producción de consenso. Hoy una parte de esa función ha sido desplazada hacia ecosistemas digitales donde influencers, comentaristas políticos, creadores de contenido y comunicadores alternativos participan activamente en la disputa por la legitimidad política.
Muchos de estos actores surgieron inicialmente como expresiones de crítica hacia el viejo régimen neoliberal. Sin embargo, conforme avanzó la institucionalización del nuevo bloque gobernante, una parte significativa terminó convirtiéndose en defensora sistemática de la administración existente. La lógica de la crítica fue sustituida progresivamente por la lógica de la lealtad.
El fenómeno no puede explicarse únicamente mediante incentivos económicos, aunque estos existan. El problema es más profundo. La comunicación política digital tiende a transformar el análisis estructural en consumo emocional. Las contradicciones sociales dejan de ser comprendidas como expresiones de dinámicas históricas para convertirse en enfrentamientos entre identidades, personalidades o comunidades virtuales.
La crítica se reduce entonces a una disputa entre narrativas.
Quien cuestiona determinadas políticas es acusado de favorecer a la derecha. Quien critica a la oposición es acusado de ser oficialista. Todo conflicto termina absorbido por una polarización que impide comprender las condiciones materiales que producen los problemas.
La consecuencia es una creciente incapacidad para pensar más allá del gobierno existente o de sus adversarios inmediatos.
El retorno del interclasismo
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con la consolidación de nuevas formas de interclasismo político.
El proyecto político dominante ha logrado construir una alianza relativamente amplia que incluye sectores populares, trabajadores formales, capas medias profesionales, pequeños empresarios, fracciones del capital nacional y amplios sectores burocráticos. Esta composición explica buena parte de su estabilidad electoral.
Sin embargo, dicha amplitud también constituye uno de sus límites fundamentales.
La heterogeneidad de intereses obliga a desplazar permanentemente los conflictos estructurales hacia terrenos donde puedan ser administrados sin afectar las bases generales de acumulación. Las contradicciones entre capital y trabajo son reinterpretadas como problemas de corrupción. Los conflictos derivados de la valorización son presentados como errores administrativos. La crisis social aparece entonces como resultado de malas decisiones gubernamentales y no como consecuencia de la propia dinámica de acumulación.
De este modo, la lucha política tiende a transformarse en una disputa moral entre gobiernos honestos y gobiernos corruptos, entre buenos administradores y malos administradores, mientras permanecen intactos los mecanismos fundamentales que producen desigualdad, precariedad y violencia.
El resultado es una situación paradójica. Cuanto más exitoso resulta el interclasismo para estabilizar políticamente el sistema, más difícil se vuelve identificar las causas reales de la crisis.
Los límites de la política de la representación
Las movilizaciones actuales muestran precisamente la erosión progresiva de este modelo.
Ni los mecanismos tradicionales de representación política ni las formas clásicas de intermediación sindical parecen capaces de absorber completamente el malestar acumulado. Pero tampoco las nuevas formas de activismo digital, las comunidades virtuales o las movilizaciones episódicas han logrado constituir alternativas duraderas.
La consecuencia es una proliferación de luchas parciales que expresan contradicciones reales sin encontrar un terreno común desde el cual cuestionar la totalidad del proceso social.
Las madres buscadoras luchan contra las desapariciones.
Los maestros luchan contra el deterioro de las pensiones.
Los estudiantes denuncian la precarización de su futuro.
Los trabajadores enfrentan la inflación, la informalidad y el agotamiento salarial.
Los habitantes de las ciudades enfrentan la gentrificación y el aumento permanente de los costos de vivienda.
Cada conflicto es legítimo. Cada demanda expresa una contradicción concreta. Pero la fragmentación impide que estas experiencias sean comprendidas como manifestaciones de un mismo proceso histórico.
Más allá de la administración de la crisis
Desde una perspectiva crítica, el problema fundamental no consiste en sustituir un gobierno por otro ni en perfeccionar indefinidamente los mecanismos de gestión estatal. Tampoco consiste en construir nuevas élites políticas que administren con mayor eficiencia las mismas relaciones sociales existentes.
La cuestión central es reconocer que la crisis actual no surge de errores de administración sino de la propia dinámica de una sociedad organizada alrededor de la producción de valor, la acumulación permanente y la subordinación de la vida a los imperativos abstractos de la rentabilidad.
Mientras la riqueza social continúe apareciendo bajo la forma de mercancías, mientras la reproducción colectiva dependa de la venta de fuerza de trabajo y mientras las necesidades humanas permanezcan subordinadas a la expansión del capital, las distintas administraciones podrán modificar ritmos, intensidades o mecanismos de gestión, pero no eliminarán las contradicciones fundamentales.
Por ello una perspectiva emancipadora no puede limitarse a exigir una distribución más justa de la riqueza existente ni una gestión más humana de las mismas estructuras. Debe apuntar hacia una transformación de las propias relaciones sociales que producen la separación entre productores y medios de vida, entre trabajo y existencia, entre riqueza social y necesidades humanas.
La tarea histórica no consiste únicamente en organizar resistencias parciales, aunque estas sean indispensables. Consiste en desarrollar formas de lucha capaces de cuestionar directamente las mediaciones fundamentales que reproducen la dominación social: el trabajo como obligación permanente, la mercancía como forma universal de la riqueza, el Estado como administrador de contradicciones irresolubles y el capital como principio organizador de la vida colectiva.
Solo en ese horizonte las luchas actuales podrían dejar de aparecer como respuestas defensivas frente a crisis sucesivas y comenzar a constituirse como momentos de una crítica práctica de la totalidad social existente.